Este proyecto de ley surge como una respuesta directa a la imperante necesidad de modernizar y fortalecer el sistema de salud, enfocándose en la protección de los derechos en salud de las personas. En este sentido, se busca dotar a la Superintendencia de las herramientas necesarias para solicitar información relevante, resolver los reclamos presentados por los usuarios, imponer multas que disuadan conductas abusivas y asegurar el cumplimiento de las normativas del sistema.

El Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, ha señalado que, “este proyecto fortalece las facultades de la Superintendencia para que pueda cumplir su rol de manera efectiva, protegiendo a las y los pacientes cuando sus derechos en salud han sido vulnerados, garantizando una mayor transparencia y equidad en la atención médica.”

“Actualmente, la Superintendencia de Salud carece de algunas facultades y herramientas que son fundamentales para defender a las personas. Por ello, creemos que es relevante avanzar en este proyecto, porque nivela la cancha, asegura que las personas tengan los mismos derechos y protecciones, y que brinda el apoyo y la tranquilidad que las y los pacientes merecen”, enfatizó el Superintendente.

Limitadas atribuciones

La falta de atribuciones interpretativas de la Superintendencia de Salud dificulta la resolución oportuna de los reclamos presentados por los usuarios. Un claro ejemplo de esto, son los casos de cirugías electivas programadas, donde los pacientes se enfrentan a cobros inesperados e impagables al momento de cancelar la cuenta en clínicas, hospitales y otros centros de salud, montos que no corresponden a lo acordado previamente.

En casos de presunta negligencia médica, la Superintendencia de Salud se limita a proporcionar un listado de mediadores al reclamante, sin poder intervenir directamente en la resolución del conflicto. 

Además, la escasez de recursos para fiscalizar el cumplimiento de los estándares de acreditación, las leyes asociadas a la Ley de Derechos y Deberes, la Ley de Urgencia o la  ley que   prohíbe condicionar las atenciones médicas a un cheque o dinero en garantía, entre otras,podría llegar a  comprometer la seguridad  y oportunidad de la atención que  reciben los pacientes, afectando directamente la confianza del  sistema  de salud. 

¿Qué cambiará con este Proyecto de Ley?

El proyecto de ley propone una serie de medidas clave para abordar estos problemas en el sistema de salud:

La Superintendencia podrá imponer sanciones más severas a los prestadores que no cumplan con la ley, protegiendo así los derechos de los pacientes y corrigiendo conductas abusivas. Un ejemplo de esto es el aumento de las multas a las clínicas que exijan cheques en garantía o la inscripción de la tarjeta de crédito antes de atender.

Asimismo, la exigencia de cheques en garantía o la inscripción de la tarjeta de crédito son prácticas que podrían ser abordadas de manera más efectiva si la Superintendencia contará con las facultades interpretativas necesarias para ordenar la devolución de dichas garantías obtenidas de forma ilícita.

La Creación de un Registro de Prestadores Sancionados, esto permitirá a las personas usuarias decidir con más y mejor información sobre la calidad y capacidad resolutiva de cada prestador, ayudándolas a tomar decisiones más informadas en el ámbito financiero y asistencial.

Con las nuevas atribuciones, la Superintendencia podrá resolver los reclamos de forma más rápida y eficaz, actuando como árbitro en la reclamación ingresada por el/la paciente que ha sentido que sus derechos han sido vulnerados por el prestador de salud.

Muchas veces, los pacientes no saben cuáles son sus derechos o cómo ejercerlos. Con esta ley, la Superintendencia de Salud podrá ofrecer información clara y accesible sobre derechos en salud, los servicios disponibles en la institución empoderando a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud.

Finalmente, se espera que el Congreso le dé una rápida tramitación a esta iniciativa ingresada por el Ejecutivo, ya que representa un avance significativo en la protección de los derechos en salud de las personas.