El 12 de marzo, en la Clínica Santa María, el Superintendente de Salud, Patricio Fernández, junto a la Intendenta de Prestadores, Carmen Monsalve, dieron inicio a un periodo de fiscalización a clínicas y hospitales privados del país en el marco de la alerta sanitaria por la pandemia del Coronavirus.

Desde ese día las fiscalizadoras y fiscalizadores del ente regulador, han llegado hasta 23 centros médicos de la Región de Valparaíso y Metropolitana. En cada una de las visitas se revisaron los protocolos dictados por el Ministerio de Salud como, por ejemplo, que el ingreso de los pacientes con síntomas de Covid-19 tengan una entrada separada del resto de las personas que se encuentren en los sectores de urgencia de los establecimientos.

De igual forma, se revisa exhaustivamente que el personal de urgencia -paramédicos, técnicos, enfermeras y médicos- cuenten con los implementos necesarios de seguridad sanitaria para la atención de los sospechosos de estar contagiados. Y que estos elementos -mascarillas, delantal o guantes- sean desechados tras atender al paciente, y que los instrumentos para llevar a cabo los exámenes sean debidamente esterilizados posteriormente.

En general, se ha constatado que los protocolos para los casos de pacientes sospechosos de Coronavirus se han llevado a cabo con éxito, salvo algunas observaciones como que el ingreso a urgencias no esté bien señalizado, o bien que otras indicaciones de protección a las personas que ingresen, no estén bien visibilizadas para todos.

Durante las próximas semanas el personal de fiscalización de la Superintendencia de Salud seguirá llegando a otros centros médicos del país, para verificar que todas las medidas de seguridad y protocolos se estén cumpliendo, entregando así confianza a familiares o amigos que lleguen acompañando a los pacientes. Hay que dejar en claro que estos últimos ingresan solo con personal médico, a los boxes de atención.

Inspección por condicionamiento de atención

La Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Prestadores, no ha descansado en sus procesos de fiscalización que buscan que los chilenos/as cuenten con la mejor atención. Es así como en los dos primeros meses del año 2020 constató que al 32% de los pacientes que llegaron a clínicas u hospitales privados a atenderse bajo la Ley de Urgencia (en riesgo vital) -que prohíbe condicionar la atención al otorgamiento de Cheques o dinero en efectivo- se les violaron sus derechos.

Fueron 12 las clínicas y hospitales privados fiscalizados, revisándose los antecedentes de 115 pacientes atendidos en urgencia. Diez de estos prestadores faltaron a la ley y solicitaron pagarés a 21 pacientes (7 pertenecientes a Fonasa). A otras 12 personas (6 de Fonasa) se les exigió pagaré o pre-pago; mientras que a 4 (3 de ellos de Fonasa), se les solicitó abono en efectivo para la atención.

Los centros médicos que incurrieron en estas faltas, arriesgan multas hasta de 1.000 UTM ($50.221.000 aproximadamente).