El Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, junto al Intendente de Prestadores, Dr. Enrique Ayarza, dieron a conocer este martes los resultados de la primera fiscalización realizada por el organismo a 63 prestadores públicos y privados de las regiones II, V, RM, VI, VIII y X, que se enmarca en la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes. La medición se realizó para constatar que los hospitales, clínicas y centros de salud, cumpliesen con mantener una base de datos actualizada y otros registros de libre acceso, con información que comprendiese los precios de las prestaciones, de los insumos, honorarios médicos, medicamentos, recargos por horarios o días inhábiles, entre otras materias.

La autoridad afirmó que si bien «en la fiscalización realizada detectamos que un 92,1% de los establecimientos cuenta con algún medio o registro de información en relación con los precios de las prestaciones, de los insumos y de los medicamentos, solo en el 60,3% de éstos dan cuenta que dicho documento está plenamente disponible para las personas».

Pavlovic también agregó que respecto a que en el documento, las prestaciones, medicamentos e insumos se encuentran diferenciados por día hábil – inhábil, los prestadores públicos de atención cerrada, muestran un cumplimiento de solo un 11,5% y los privados 20,4%. En relación a que los establecimientos informen sobre cuál es el recargo por horario hábil o inhábil, en los establecimientos públicos de atención cerrada el cumplimiento alcanza al 20.5% y privados 34.8%.

En esta misma materia, la autoridad sentenció que «vemos en este tema un espacio importante para mejorar por parte de los prestadores de salud, para darle mayor transparencia e información a las personas y para que la cuenta final no represente una ingrata sorpresa al momento de recibirla; sobretodo en el sistema privado que es de donde provienen la mayoría de los reclamos en la Superintendencia, ya que la libre elección en los hospitales públicos se da cada día menos».

De los establecimientos fiscalizados, los mejores evaluados del sector público son: Instituto Nacional del Cáncer, Hospital del Salvador, Hospital San José, Hospital Herminda Martin y Hospital San Juan de Dios de Santiago. Mientras que los Privados mejor posicionados son: Clínica Santa María, Clínica Alemana, Mutual de Seguridad Pudahuel, Hospital Clínico de la Chile y el Centro médico Integramédica Bío Bío.

Reclamos ingresados por Ley de Derechos y Deberes

El Superintendente también expuso que «de todos los reclamos que hemos recibido por infracción o vulneración a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, el 42% de ellos está vinculado a información financiera, los que en su mayoría se originan en prestadores privados, tanto para beneficiarios de Isapre como de Fonasa Libre elección».

Pavlovic agregó que «de una muestra de 83 reclamos resueltos el primer semestre del año pasado 45 implicaron la instrucción de corregir o devolver esos dineros cobrados de más porque estaban mal emitidos los presupuestos, lo que significó la restitución de más de 36 millones de pesos a los reclamantes de esa muestra. Lo relevante es que hay un problema de transparencia en el sistema que se debe corregir. Esto es fuente de reclamos y lo que corresponde es que las personas exijan sus derechos y los prestadores – públicos y privados – se hagan cargo de esta exigencia de transparencia».

¿A qué tiene derecho una persona respecto de un presupuesto o una cuenta?

Por su parte, el Intendente de Prestadores, Enrique Ayarza, indicó que toda persona «tiene derecho a que los costos de su atención de salud sea informada de manera suficiente, oportuna, veraz y comprensible; de que pueden pedir por escrito los aranceles con los valores actualizados al alta. De la misma forma, debe existir un libre acceso a los precios actualizados de prestaciones y medicamentos y ser informado de los plazos para el pago y además diferenciar el recargo de esos cobros cuando se trata de un horario o día hábil o inhábil».