De acuerdo con el balance, durante el año pasado se realizaron 1.114 fiscalizaciones de las cuales, un 63% corresponden a casos que tienen directa relación con beneficios de las personas, mientras que el resto tratan materias financieras y de procedimientos.
Los temas más fiscalizados fueron las Garantías Explícitas en Salud GES o AUGE (33%), la Situación Financiera de las Isapres (27%), la Bonificación del Plan de Salud (17%), Cotizaciones (9%) y Licencias Médicas (4%).
El Superintendente de Salud, Dr. Manuel Inostroza destacó que la Superintendencia incrementó en un 118% las fiscalizaciones tanto al sistema público como privado durante el período 2005 – 2008, para proteger los derechos en salud de los usuarios.
Este logro es producto de la incorporación de tecnología de avanzada que permite supervisar cada uno de los contratos de salud de los afiliados, al aumento de dotación de personal, al crecimiento de las actividades programadas y a aquellas derivadas de reclamos de los usuarios.
«La fiscalización es una herramienta que busca proteger los derechos de la personas tanto de Fonasa como de Isapres y con esto damos cuenta de que estamos siendo muy celosos y estrictos tanto con los hospitales públicos como privados», explicó Inostroza.
En el caso del sistema privado, se aplicaron en total multas por casi 180 millones de pesos (8.570 UF) contra las Isapres Ferrosalud (2.050 UF), Consalud (1.900 UF), Masvida (1.400 UF), Normédica (1.100 UF) y Banmédica (1.010 UF).
Entre las materias que fueron supervisadas y donde se observaron incumplimientos se encuentran: Bonificación del Plan de Salud con un total de 4.220 UF, Licencias Médicas con 1.900 UF, Situación Financiera de las Isapres con 1.450 UF, Cotizaciones con 550 UF y otras materias con 450 UF.
En el caso del sistema público, se amonestó a 146 consultorios de atención primaria por no cumplir con la obligación de notificar a los pacientes con diagnósticos confirmados AUGE o GES. Por esta misma razón se sancionó además a 2 prestadores privados.
A esto se suman 6 solicitudes de sumario administrativo, por incumplimiento en la garantía de oportunidad en AUGE o GES (Hospital San Juan de Dios, Hospital Barros Luco y Fonasa) y por falta de notificación a beneficiarios AUGE o GES (Centro de salud Dr. Edelberto Elgueta y Consultorio Maipú).
«En la fiscalización que hicimos de cerca del 40% de retrasos en cataratas en año pasado, vimos que hay tiempos de espera de más de mil días, es decir, más de dos años para una operación, por lo que estamos pidiendo a Fonasa un sumario administrativo, porque creemos que el sector público no puede demorarse tantos días en resolver una patología tan importante para los adultos mayores», destacó el Superintendente de Salud.
De las fiscalizaciones por notificación a beneficiarios AUGE o GES, el 83% correspondió a prestadores públicos y un 17% a prestadores privados, mientras que las Garantías Explícitas en Salud fueron supervisadas un 91% en Fonasa y un 9% en el sistema de Isapres.

Devolución a beneficiarios
Por su parte, más de 41 mil afiliados de Isapres recibieron en total montos regularizados por cerca de mil millones de pesos, de los cuales un 38% corresponden a atenciones de salud incorrectamente bonificadas por parte de las entidades privadas. Producto de las devoluciones se beneficiaron más de 9 mil personas con un monto total de 375 millones de pesos.
«La mayoría de estas personas a las que se les notificó por carta la devolución de estos mil millones de pesos, ni siquiera había reclamado, por lo que es importante que la gente sepa que la Superintendencia de Salud, está velando por proteger sus derechos y devolviendo recursos al bolsillo de los chilenos cuando descubrimos las faltas de las Isapres», agregó Inostroza.
Otro tercio de las devoluciones corresponden a excesos de cotizaciones o excedentes que fueron mal calculados por las Isapres. En esta materia, producto de la fiscalización de la Superintendencia de Salud, las Isapres restituyeron más de 328 millones de pesos a 14 mil afiliados.
El 28% restante correspondió a devoluciones por subsidios de incapacidad laboral que fueron mal calculados al momento del pago de la respectiva licencia médica. Los montos alcanzaron a 268 millones de pesos, favoreciendo a más de 10 mil afiliados.